La convocatoria RedIA impulsa el desarrollo experimental de proyectos que permitan crear o mejorar productos, procesos o servicios basados en tecnologías consideradas estratégicas. Para optar a la ayuda, las propuestas deben incluir prototipos, pruebas piloto o validaciones tecnológicas que demuestren su viabilidad en entornos reales.

Las áreas prioritarias abarcan inteligencia artificial y machine learning, robótica avanzada, big data, ciberseguridad, internet de las cosas, tecnologías espaciales, materiales avanzados y sensores inteligentes. El único ámbito excluido es el sanitario, aunque los proyectos pueden aplicarse a cualquier otro sector económico.

Podrán presentarse empresas de cualquier tamaño con domicilio fiscal en España, siempre que estén legalmente constituidas y trabajen en los ámbitos definidos. Cada entidad puede presentar hasta tres solicitudes, con un máximo de dos proyectos financiados.

La convocatoria dispone de 130 millones de euros, destinados a proyectos con presupuestos comprendidos entre 400.000 y 5 millones de euros. La intensidad de la ayuda dependerá del tipo de empresa: hasta un 45 % para pymes y un 25 % para grandes compañías, con posibilidad de alcanzar el 60 % y el 40 % respectivamente si se cumplen determinadas condiciones. Entre los gastos subvencionables figuran personal especializado, adquisición de equipos y materiales, servicios de consultoría, ensayos, certificaciones y actividades de validación tecnológica. El pago se efectuará en varias fases, con anticipos y abonos parciales sujetos al cumplimiento de hitos.

El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre de 2025 a las 12:00h, a través de la Sede Electrónica de Red.es, donde también se encuentran las bases y formularios oficiales. Para concurrir, las empresas deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, no encontrarse en situación de crisis ni formar parte del sector público. Se requerirá además la presentación de la memoria técnica y presupuestaria del proyecto, certificados y la declaración responsable sobre el principio de no causar daño significativo (DNSH).

Con esta iniciativa, España refuerza su apuesta por la transformación digital y la innovación empresarial, impulsando la adopción de tecnologías disruptivas que refuercen la competitividad y posicionen al tejido productivo a la vanguardia tecnológica.

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